El Ministerio de Educación (Minedu) ratificó el jueves pasado su decisión de retornar a clases presenciales en marzo del 2022. Esto se dará dos años después de tener las escuelas cerradas.

Pero no se debe cantar victoria. Más bien, el retorno a la presencialidad es el inicio de un reto titánico. Tendremos a niños y adolescentes volviendo a aulas en muchos casos con infraestructura deficiente, y con un serio vacío en aprendizaje y desarrollo socioemocional.

Lamentablemente la pandemia no fue tomada como una oportunidad para cerrar la brecha digital que aún nos aflige como país. Así pues, el daño que se ha infligido a los niños al mantenerlos lejos del salón de clases por tanto tiempo será evidenciado en todo su esplendor dentro de 5 o 10 años.

Si el Minedu no implementa un programa efectivo y transversal para cubrir esos vacíos generados en 2020 y 2021, pronto tendremos a una generación de adultos jóvenes que no estarán en condiciones de competir con aquellos que tuvieron la suerte de asistir a colegios privados que pudieron continuar educándolos.

Lo más triste es que se ha perjudicado, sobre todo, a los niños más vulnerables. La desigualdad, esa desigualdad que Pedro Castillo tanto dice aborrecer, se acentuará. Quienes van a poder ingresar a la universidad, y quienes luego podrán conseguir trabajos bien remunerados, serán aquellos que no han visto su educación tan seriamente impactada por el cierre de las escuelas: los hijos de padres con el dinero suficiente para costear una educación privada de calidad.

Hace unos meses Pedro Castillo decía “en mi gobierno la educación será un derecho constitucional”. Qué ironía tan macabra la suya. Es -en buena medida- gracias a la incompetencia de su gobierno que millones de niños avizoran un futuro en desventaja.

En marzo de 2022 no se canta victoria. Se empieza a trabajar para recuperar una generación.