El rechazo del Congreso a la reforma constitucional que proponía la reelección de alcaldes y gobernadores regionales refleja una falta de visión sobre los beneficios que esta medida podría aportar al desarrollo político y administrativo del país. En una democracia, el respaldo popular debe ser la base para evaluar el desempeño de nuestras autoridades, y negarles la posibilidad de reelección desincentiva la meritocracia en la gestión pública.

Permitir que autoridades locales bien evaluadas puedan postularse nuevamente no solo reconoce su buen trabajo, sino que contribuye a la continuidad de planes y proyectos a largo plazo. Esta es una necesidad clave en regiones donde la implementación de políticas públicas requiere estabilidad y una ejecución sostenida, en lugar de los constantes cambios que generan interrupciones y duplicación de esfuerzos.

Desde un enfoque jurídico, la reelección respeta los principios democráticos al permitir que los ciudadanos decidan, mediante el voto, si desean que sus gobernantes continúen en el cargo.

Limitar esta posibilidad es una restricción al ejercicio de los derechos políticos tanto de los electores como de las autoridades competentes.

Por otro lado, el rechazo refleja una contradicción. Si el Congreso permitió la reelección parlamentaria, ¿por qué privar a alcaldes y gobernadores, cuyas funciones tienen un impacto más directo en la ciudadanía, de esta misma oportunidad? Es incoherente asumir que el principio de continuidad aplica solo para legisladores.