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La propuesta del presidente Vizcarra de someter a referéndum ciertos temas es un acto democrático que debemos saludar. Y aunque los sembradores profesionales de odios quieren meter en un ring de box al Ejecutivo y al Legislativo -muchos de ellos de eso viven y venden más si revientan las burbujas- una lectura política de la iniciativa no tiene que revelar ánimo de pasar por encima al Parlamento. De hecho, políticamente, el Congreso haría bien en dar pase a esta iniciativa.

Lo anterior, sin embargo, no significa que el Legislativo se convierta en una mera mesa de partes para cumplir con la formalidad democrática. Hacerlo sería traicionar su razón de ser. Los temas planteados por el Presidente pueden ser pertinentes, pero no exclusivos ni mucho menos, excluyentes. Y el Congreso tiene el derecho de sumar otros temas para la consulta popular. Por ejemplo, temas como el matrimonio homosexual, la inclusión de jurados en la administración de justicia, la elección de jueces y fiscales por elección popular o la propiedad privada del subsuelo, perfectamente podrían incluirse. Naturalmente deben estar enmarcados dentro de lo que la Constitución establece como pertinentes para elevarse a referéndum. Pero no hacerlo por sentirse arrinconados por el sambenito de “obstruccionistas” - que exitosa, aunque inexactamente, le han endilgado los enemigos de la mayoría parlamentaria- sería sucumbir a un chantaje inaceptable.

Además, es necesario tomarse el tiempo para que el referéndum recoja una amplia discusión pública, que no se agote en los poderes del Estado, sino que se abra a la academia, las organizaciones sociales y al empresariado. Y que nadie se sienta excluido. Así quedará claro que la apelación a la democracia directa es primero eso, democrática, y no un simple mecanismo de manipulación de unos pocos. 

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