En más de cinco décadas, al menos seis gobiernos emprendieron reformas educativas profundas. Todas dejaron algún aporte que sigue vigente y todas tropezaron con el mismo obstáculo: la brecha entre la ambición normativa y la capacidad real del Estado para sostenerla en el tiempo.
Juan Velasco (1968-1975), a partir de un diagnóstico de la UNESCO, impulsó la Ley 19326, reorganizó el currículo, promovió la educación para el trabajo, fortaleció la educación rural y reconoció las lenguas originarias. Pero su propio gobierno asfixio y hundió la economía con estatizaciones, y la reforma quedó truncada, sin recursos ni estabilidad que la sostuviera. Fernando Belaúnde (1980-1985) no continuo esa reforma. La reemplazó con la Ley 23384, cuyos principales reglamentos nunca llegaron a aprobarse. Su mayor aporte fue la Ley del Profesorado de 1984, que ordenó la carrera docente, aunque sin integrarla a una reforma educativa de mayor alcance.
Alberto Fujimori (1990-2000) heredó un sistema colapsado. Posteriormente y con el mayor respaldo financiero recibido del Banco Mundial, impulsó el despliegue de infraestructura escolar, duplicó el gasto por alumno, promovió el Programa MECEP y abrió paso a la inversión privada mediante el Decreto Legislativo 882, elevando notablemente la cobertura. Sin embargo, los salarios docentes se estancaron y nunca se construyó una carrera basada en el mérito. Alejandro Toledo (2001/2006) dejó un legado institucional más duradero: la Ley General de Educación 28044, vigente hasta hoy.
Alan García (2006-2011) dio un paso decisivo hacia la meritocracia con la Ley de Carrera Pública Magisterial del 2007, además de modernizar colegios emblemáticos; sin embargo, el tránsito al nuevo régimen meritocrático fue voluntario, y gran parte del magisterio quedó fuera de él. Esa fragmentación fue corregida por Ollanta Humala (2011-2016) mediante la Ley de Reforma Magisterial del 2012 que unificó los regímenes laborales e instauró evaluaciones obligatorias para el ingreso, el ascenso y la permanencia en la carrera docente. Durante su gestión también se aprobaron la nueva Ley Universitaria, que dio origen a la SUNEDU, y la primera Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior del país.
Este breve recorrido en la historia deja una lección evidente: ningún gobierno construyó realmente sobre los cimientos heredados del anterior. Casi todos prefirieron desmontarlos para levantar su propia reforma. Lo cierto es que la educación peruana no necesita otra gran transformación. Necesita, por primera vez, la voluntad política de terminar una sola.