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Como en un inicio, el Ejecutivo y el Congreso han vuelto al estado de confrontación. Esta vez, el tema es la reforma política en la regulación de la inmunidad parlamentaria. Esta última fue enviada al archivo por la Comisión de Constitución, lo que originó el exabrupto del presidente Martín Vizcarra contra el Legislativo.

El jefe de Estado había propuesto que, en un extremo, la Corte Suprema sea la entidad encargada de levantar la inmunidad de los parlamentarios. Por su parte, en el Congreso habían desistido del análisis para considerar siquiera una modificación del artículo 93 de la Constitución.

Quien también echó más leña al fuego fue el primer ministro Salvador del Solar, al escribir que “la reforma busca recuperar la confianza de la gente en la política. Archivar el proyecto sobre inmunidad es ir en la dirección contraria. No podemos dejar las cosas como están. Cambiemos esta historia”.

Hay cosas que deben cambiar en el Legislativo. Hay varios ejemplos del mal uso de la inmunidad parlamentaria. La fuga de Edwin Donayre puede ser la consecuencia de una mala aplicación de la ley. Pese a la condena efectiva que pesaba sobre el parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), hubo un cierrafilas que terminó por favorecer al hoy prófugo.

Entonces, enviar al archivo un proyecto de reforma para que las cosas cambien en el Parlamento solo tiene una lectura: hay bancadas que están cómodas con el sistema, que no desean modificatorias que les terminen afectando.

Sin embargo, la actitud mostrada ayer por el Poder Ejecutivo en nada contribuye a aliviar las tensiones y sacar adelante el resto de reformas. Aunque este patético Congreso no nos guste, ha sido elegido con el voto de los peruanos y está en la potestad de sacar adelante o rechazar las propuestas de Palacio de Gobierno.