Nuestro país presenta el mayor número de muertes por COVID 19 respecto de nuestra población, expresión del débil sistema de salud pública, producto de la reducción del papel del Estado debido a un dogmatismo político e ideológico que le niega participación en actividades empresariales o de inversión.

Es evidente la contradicción entre limitar el papel del Estado a actividades empresariales solo por ley expresa, por excepción y donde no intervenga la actividad privada mientras que se incentiva un sistema privado de inversión que prioriza la búsqueda de ganancias sobre el interés nacional. Vimos sus efectos durante la pandemia y en estos días de especulación frente al próximo cambio de gobierno.

Pese a la fragilidad del sistema de salud pública, avanza el proceso de vacunación, aún insuficiente, aún lento, pero necesario. Por anuncios del presidente Francisco Sagasti y su ministro de Salud, tenemos comprometidas unas 48 millones de dosis con las que vacunaríamos a toda nuestra población mayor de 18 años.

El promedio mundial de vacunación alcanza el 11.5% (895 millones), mientras que el Perú bordea el 10.2% (3.31 millones), menos del promedio mundial.

Pese a los graves efectos que la pandemia del COVID acarrea, aún existe un porcentaje de ciudadanos que no se vacunan, algunos pensando que el fármaco puede hacer mayor daño, otros por desconocimiento y otros más porque no les alcanza el sistema de vacunación.

El plan de vacunación es un objetivo nacional. Corresponde acelerarlo al máximo para alcanzar el 100% de los mayores de 18 años más pronto que tarde, e iniciemos inmediatamente con los mayores de 12 años. Solo resguardando la salud podremos reactivar efectivamente la economía.