El Perú enfrenta un significativo déficit de infraestructura que limita su competitividad y desarrollo sostenible. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la brecha de infraestructura supera los S/100 mil millones en el corto plazo y asciende a aproximadamente S/400 mil millones en el largo plazo. Esta situación evidencia la magnitud del desafío que enfrenta nuestro país y la urgente necesidad de movilizar inversiones sostenibles, eficientes y de alto impacto.

En un entorno global altamente competitivo, el Perú debe mejorar sustancialmente sus condiciones para atraer capitales. Si bien se reconocen fortalezas como la solidez de sus fundamentos macroeconómicos y su apertura al comercio internacional, también se identifican importantes debilidades. Entre ellas se menciona la limitada capacidad institucional para garantizar los derechos de los inversionistas, la excesiva burocracia, la complejidad para hacer negocios y la dificultad para hacer cumplir contratos.

Ante esta situación, el Estado —liderado por el MEF— ha implementado una serie de medidas orientadas a reactivar la inversión pública y privada. Estas incluyen un shock de desregulación administrativa, el aseguramiento y la preservación de la estabilidad macroeconómica, el impulso a asociaciones público-privadas y, especialmente, el fortalecimiento de la confianza empresarial como pilar del crecimiento sostenible.

Para concretar esta visión, es imprescindible consolidar un marco normativo predecible, transparente y, sobre todo, técnicamente sólido. Si no se garantiza la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas reguladas ni se promueven incentivos adecuados, la brecha de infraestructura continuará creciendo, alejando al Perú de su legítima aspiración de convertirse en una economía moderna, competitiva y próspera.