En el 2000, la empresa Shell devolvió al Perú el Lote 88, con 8.8 trillones de pies cúbicos de reservas de gas natural. La licitación posterior fue ganada por el Consorcio Camisea.

En 2001, la misma Shell devuelve el lote 75 (luego 56) con 2.75 de trillones de pies cúbicos de reservas probadas, el que se entrega al Consorcio Camisea por ampliación del contrato.

Estos contratos son totalmente lesivos al interés nacional, porque la venta del gas se valoriza a precios irrisorios frente a los precios internacionales actuales. Así que, el pago de impuestos, regalías y canon se establece sobre montos mucho menores a lo debido. Ese, y no otro, es el temor de Perú LNG para decir que “si se detiene la exportación no habrá suficiente GLP”, ya que compra barato y vende a mayor precio.

Tras pocos meses de la firma de estos contratos, así como durante las campañas políticas del 2006 al 2021, se colocó en debate la necesidad de renegociación de los mismos, al punto que algunas empresas integrantes del Consorcio Camisea se han mostrado dispuestas.

En diversas oportunidades el Estado ha renegociado contratos con la empresa privada y, generalmente, para beneficio del sector privado. Es momento de cambiar la perspectiva y renegociar los contratos bajo la premisa de beneficiar al Estado y sociedad peruana.

Pese a sus propuestas en campaña, hoy los políticos dogmáticos acompañados de los medios de comunicación apuestan por defender la permanencia inalterable de estos contratos, por ceguera ideológica, por miopía política y porque el actual presidente no es de sus simpatías.

El principio jurídico de lesividad y onerosidad excesivas de una de las partes contratantes, permite la renegociación contractual. Se requiere nuevos acuerdos entre las partes, poniendo por delante el interés del país, sin olvidar deslindar responsabilidades por lo firmado anteriormente.