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Cuando a fines del 2015, el Gobierno puso en marcha el Programa de Recompensas, a través del Ministerio del Interior (Mininter), se buscó dar con el paradero de peligrosos delincuentes que eran un riesgo para la colectividad y así reducir los índices de criminalidad.

Asimismo, tenía como objetivo ubicar a personas vinculadas a actos de corrupción y oportunamente rindan cuentas a la justicia.

En los primeros años de vigencia comenzó a dar los resultados esperados, y permitió ayudar la labor de la Policía en la ubicación y detención de los requisitoriados, en especial, aquellos de alta peligrosidad o ser parte de organizaciones criminales debidamente identificados, empero con el paso del tiempo a la lista de buscados se incorporaron nombres de personas que si bien es cierto tenían que responder por sus denuncias, estos no alcanzaban las condiciones como para poner precio por su cabeza.

Además, al existir tantos en la lista se distrajo el trabajo para dar con los delincuentes peligrosos. Sumado a ello, las recientes quejas sobre irregularidades en los cobros de las recompensas, como precisó el titular del Mininter, Carlos Morán, quien anunció la reorganización del programa de recompensas.

La detención y posterior reclusión de buscados por la justicia generó un desembolso de casi 15 millones de soles, pero parece que los objetivos previstos en su implementación no habrían dado los resultados, como es reducir los actos delictivos que en los últimos años registran un incremento, y la percepción pública es que se vive en un ambiente de inseguridad y, por ello, reclaman al Gobierno acciones concretas e inmediatas al respecto ante el avance de la delincuencia.