Reparación: ¿Se la llevó fácil Odebrecht?

El acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht sugiere una total abdicación de los intereses del Estado. Desde un punto de vista jurídico, se entiende el objetivo de que la inmensa trama de corrupción que tejió la compañía brasileña en el Perú quede al descubierto y, sobre todo, que los facinerosos de cuello y corbata, muchos de ellos prominentes expresidentes, sean desnudados ante el país con todo su prontuario, pero lo que se sacrifica parece demasiado. Por delatar y denunciar, los Barata y compañía obtendrán a cambio no ser juzgados en el Perú, que sus activos se mantengan intangibles, que puedan seguir operando y una reparación civil de 610 millones de soles, que se pagará en cuotas a lo largo de 15 años. Solo dos ejemplos podrían servir para evaluar el impacto del costo/beneficio. En Estados Unidos, un juez estableció que la multa por las coimas de Odebrecht en Brasil era de 2390 millones de dólares. Después de Brasil, el Perú es el que más sobornó y, por lo tanto, es el segundo país donde el perjuicio de su accionar delictivo fue más demoledor para el Estado. Otro ejemplo: En el 2017, Odebrecht Latinvest vendió a la canadiense Brookfield el 57% de su participación en Rutas de Lima -una obra en la que se reconocieron pagos ilícitos- a un monto de 430 millones de dólares. Aún conserva el 25% del paquete, lo que representaría 188 millones de dólares. Solo lo que recuperaría en esa empresa supera en más de tres veces lo que pagaría por reparación civil. Las cifras son frías, pero podrían atemperarse si se accede a una explicación clara y contundente, una demostración de que no se ha esquilmado al Estado, de que no se ha estafado al país. Esperemos que pronto la Procuraduría Ad Hoc, a cargo de Jorge Ramírez, muestre que ha cumplido con su trabajo.