El 3 de abril de este año, a las 8 de la noche, en el centro de Lima, asesinaron a Guido Valdivia Guillén, fundador y coordinador general de RBC Televisión y miembro en retiro de la Policía Nacional del Perú. Han pasado seis meses desde el cobarde crimen y el ministro Carlos Basombrío no ha dado ninguna explicación.

El primer artículo de nuestra Constitución señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Por su parte, el artículo 44 precisa que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.

El asesinato a sangre fría de una persona debe ser investigado y sancionado en cualquier parte del mundo. Resulta inaudito que el ministro del Interior obre con absoluta indiferencia en este caso y que exista un silencio total de parte de los medios que dicen también luchar por la vida de las personas y por la justicia.

La Constitución prevé que el fiscal de la Nación y el Ministerio Público deben conducir la investigación del delito y la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ninguna institución parece funcionar en este caso.

Mercedes Aráoz, como portavoz del Gobierno y coordinadora de las funciones de los demás ministros, y Carlos Basombrío, como ministro del Interior, están en el deber de darnos una respuesta.