Cuando en los años 80 Sendero Luminoso inició su lucha armada, en Lima y el resto del país no se le percibía como un problema con proyección nacional; primero se dijo que eran abigeos, pero -lamentablemente- pronto las capacidades de la Policía Nacional fueron superadas por esos subversivos y se tuvo que declarar el estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas asuman el orden interno y político. Así, la mirada de la capital minimizó el problema, hasta que -una década más tarde- llegó a Lima remeciendo a su población con coches bomba y atentados, que tuvieron como icono el de la calle Tarata.

Cuarenta años después, las Fuerzas Armadas siguen enfrentando a remanentes de seguidores de Abimael Guzmán, ahora bajo el nombre de “Militarizado Partido Comunista del Perú”, sin embargo se continúa manteniendo el mismo concepto estratégico enfrentándolo con mayor énfasis en el campo militar.

Ahora, además de este escenario de riesgo, se han creado otros que afectan a la seguridad de la nación; pero, como no golpean a Lima, se muestran en el rango de baja prioridad, en detrimento de la implementación de acciones para favorecer a nuestra economía.

Así tenemos: minería ilegal, conflictos sociales que afectan a la gobernabilidad, contrabando, tráfico ilícito de drogas -entre otros- que se manifiestan principalmente en el sur del país, a los que se incluye el detrimento de la identidad nacional que es aprovechado por el movimiento Runasur, mellando al orden interno y constituyendo un peligro contra nuestra soberanía nacional.

¿Dejaremos de darle importancia al grito de “ahora sí guerra civil” que se fomenta en Puno? Si nuestra sociedad verdaderamente desea la paz, el desarrollo y la unidad nacional, entonces no se debe ignorar el avance que ha tenido en los últimos años ese movimiento secesionista.