Salió la ley colador

La aprobación de la ley que impide ser candidatos a cargos públicos a condenados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual y corrupción es solo el primer colador que necesita la ciudadanía para elegir mejor y no ser embaucada tras el error, así como para aquellos partidos políticos que nos venden gato por liebre.

Es un buen paso descartar que gente de dudosa reputación pueda siquiera ingresar a la actividad pública. Con esto no quiero decir que la oportunidad de reinserción a la sociedad esté descartada para esas personas, pero deben buscar otros horizontes, donde no representen a la población ni gocen del dinero público.

De igual manera, a cualquier persona con condena por un delito penal que implique muertes tampoco debería dársele la oportunidad de conducir una ciudad, región o proponer normas en el Legislativo. Solo basta ponerse en los zapatos de los familiares de las víctimas para darse cuenta de que la ley ha quedado corta.

Solo de esta manera, varios aspirantes a políticos no se podrán subir al coche del cargo público para lograr la impunidad, como quienes se refugian en el Congreso de la República para obtener la bendita investidura que los proteja de cualquier demanda judicial -previo permiso de sus colegas-. Hemos cerrado solo una puerta de escape.

Pero faltan más candados para el resto de puertas, como que sean los mismos partidos políticos los que apliquen un filtro más severo a la hora de convocar a sus posibles postulantes. No puede ser posible que ciertas agrupaciones no sepan el origen de sus candidatos, por lo que sería bueno que haya cierta amonestación por permitir burlar la norma.

Queremos un Estado limpio, blanco, no despercudido. No debemos seguir conformándonos con el mal menor, con el bribón que quiere esconder su pasado, con el lobo con piel de cordero. Tenemos que decir basta de atropellos a la conciencia y ponerle fin a esa historia de un país de la impunidad. Seamos el juez que los condene al exilio.