A dos semanas de los comicios y con el escrutinio rozando el 98%, el panorama electoral parece cerrarse con una familiaridad incómoda. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, perfila su pase a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, mientras la opción de Rafael López Aliaga se diluye. El país se encamina, otra vez, hacia una contienda polarizada.Sin embargo, las similitudes con 2021 son más aparentes que reales. Fujimori parte hoy con una posición más sólida que en su anterior intento, mientras que Sánchez dista de ser un equivalente político de Pedro Castillo. Aunque ha intentado apelar a símbolos de cercanía popular, su trayectoria lo ubica más bien dentro del sistema que entonces fue cuestionado. Limeño y con experiencia congresal reciente, carga además con el lastre de un Parlamento cuya reputación pública ha sido severamente erosionada. A ello se suma una red de alianzas que genera suspicacias. El respaldo de figuras controvertidas y la cercanía con actores asociados a agendas radicales podrían complicar su capacidad de atraer al votante moderado, clave en una segunda vuelta. En contraste con el impulso antisistema que capitalizó Castillo, Sánchez enfrenta el desafío de convencer de que representa un cambio creíble. El escenario, por tanto, no favorece a ningún contendor de manera definitiva; más bien, expone una constante del electorado peruano: la dificultad de articular una alternativa que combine renovación con gobernabilidad. En este contexto, la institucionalidad electoral vuelve a estar bajo escrutinio. La necesidad de fortalecer la confianza en organismos como la ONPE será crucial en las semanas venideras. La segunda vuelta no solo decidirá un gobierno, sino que también pondrá a prueba, una vez más, la resiliencia democrática del país