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Está institucionalizado en las diferentes dependencias públicas mentir en licitaciones y contrataciones de servicios. Empresas y personas que contratan con el Estado falsean datos, dando información errónea sobre: experiencia, solvencia y seriedad, requisitos básicos para adjudicar la licitación.

En los últimos meses, en regiones del sur han estallado los escándalos de siempre. Obras que debían de cumplirse según un cronograma, presentan demoras. Se “beneficia” al contratista con las benditas adendas económicas y cuando se quiere aplicar penalidades por incumplimiento, el proveedor recurre a artimañas para ganar en agravio a los intereses del Estado.

El tiempo demostró que cuando se intenta reclamar, casi siempre las entidades públicas pierden arbitrajes y conciliaciones, razón por la cual es importante que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) mejore su función y ayude a detectar a estas personas y empresas acostumbradas a parasitar y depender de recursos públicos, en muchas oportunidades en complicidad con autoridades contemplativas, pues son parte de la red de corrupción.

El Tribunal de Contrataciones del Estado estableció, la semana pasada, una serie de sanciones para quienes cometan estas infracciones en el ámbito de las compras públicas, como es la presentación de información inexacta, entre otros puntos, como parte de las acciones para luchar contra la corrupción y malas prácticas en las licitaciones que realiza el Estado.

Existen las normas, pero falta capacidad sancionadora y efectiva, pues las leyes al final son meros saludos a la bandera, dejando de lado la integridad, honestidad y transparencia. Podemos cambiar.