Estoy convencido que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debió dejar hace tiempo el cargo por malos resultados en la lucha contra la criminalidad y los serios cuestionamientos por múltiples motivos que pesan en su contra, como las declaraciones de su examigo apodado “Culebra” y su nula voluntad de aclarar estos hechos, o la denuncia de que habría pedido plata para “aceitar” a un magistrado en favor de uno de sus clientes. Es más, ojalá mañana el Congreso deje de blindarlo y lo censure de una vez.
Santiváñez es indefendible, como pusimos en la portada de Correo Lima hace unas semanas. Sin embargo, sería bueno preguntarle al Ministerio Público por qué en menos de 20 días ha allanado dos veces la casa del aún ministro del Interior. ¿Había verdaderas razones para esto, o es que los fiscales insisten en hacer show en lugar de luchar contra la criminalidad que nos está ganando la batalla? ¿Con esa rapidez también intervienen las guaridas de extorsionadores, ladrones y sicarios?
Antes de estar haciendo allanamientos dobles e innecesarios con tufo a chaveta política a un ministro por más incapaz y cuestionado que sea, el Ministerio Público debería ponerse a trabajar en la interna para que sus fiscales, sea por ineptitud, por desidia o por complicidad, dejen de ser los campeones en la liberación de criminales arrestados por la Policía Nacional y de perseguir a agentes que usan sus armas dentro de la ley, lo que es una gran tara en la lucha contra la inseguridad en las calles.
Al igual que con ciertos políticos en problemas a los que fiscales adictos al show mandaron a prisiones preventivas que más tarde fueron revocadas por carecer de sustento, y que a la larga solo sirvieron para que estos personajes se victimicen y denuncien una supuesta “persecución política” en su contra, con estos allanamientos están dando argumentos a los defensores que tiene Santiváñez en el Congreso, donde mañana se votarán las mociones de censura en su contra.
No hay duda que el Ministerio Público necesita una reforma a fondo. El problema no solo está en la Junta de Fiscales Supremos donde sus miembros están uno más cuestionado que el otro o en los llamados “equipos especiales”, sino también en los despachos a donde van a parar los delincuentes que son tratados con desesperante benevolencia por magistrados que interpretan y dan vueltas a la ley para favorecer a criminales con comparecencias que ya sabemos en qué terminan.