Impedir que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos - OEA, pudiera llegar a Caracas, constituye una imputación más de la montaña que ya existe contra Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. Está claro que el régimen de facto llanero no quiere que otra visita -como la que realizó en su momento la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo informe confirmó violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país-, acumule una nueva imputación, esta vez por una institución del sistema americano de protección de derechos humanos de la OEA. Todo es sintomático. La milimetrada acción chavista que logró que los emisarios de la CIDH no pudieran embarcarse en el avión que debió trasladarlos desde Panamá hasta Caracas desnuda que Maduro ya lo había planeado y que estaba resuelto a que por ningún motivo pudiera llegar hasta el territorio venezolano. Era altamente probable que la delegación descubriera nuevos casos de violaciones de derechos humanos y de la existencia de más presos políticos, siempre negados por la dictadura. Lo que Maduro no podrá impedir es que el conjunto de sus artimañas para que América y el mundo no conozcan realmente cuál es el estado de los venezolanos a la fecha, sean plenamente identificadas y en la práctica agraven su situación penal. Ya cuenta una denuncia en la Corte Penal Internacional contra él y otros miembros de la cúpula militar que lo sostiene en el poder y de esas imputaciones realmente nada los va a librar, ni siquiera eventuales negociaciones a que pudieran llegar en las esperadas horas políticas menguadas de la dictadura. Es verdad de la delegación recogerá testimonios en la zona de frontera colombo-venezolana y lo es también que Maduro está cavando su propia tumba pues en el mejor de los escenarios, lo que le debe esperar es la cárcel, sin vacilación. En circunstancias como ésta en que Maduro no oculta su vocación dictatorial es que el Grupo de Lima y la propia OEA deben encimar con decisiones políticas concretas para doblegarlo o acabarlo.