Mientras el país discute elecciones, conteos y crisis políticas, la realidad avanza por otro carril, más oscuro y más urgente. La violencia criminal no espera resultados oficiales ni debates parlamentarios. Un chofer de combi asesinado en Comas, Lima, un conductor de minivan acribillado en Virú, La Libertad, un menor de 15 años muerto tras un ataque en Parcona, Ica. No son hechos aislados: son piezas de un patrón que se repite con alarmante normalidad. El Perú parece haberse acostumbrado a contar muertos mientras sus autoridades cuentan votos.

La expansión del sicariato y la extorsión ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza cotidiana. Salir a trabajar, estudiar o simplemente transitar por la calle se ha vuelto un acto de riesgo para muchos peruanos. El miedo se instala en la vida diaria, condiciona decisiones y erosiona la confianza en el Estado.

Y, sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente, cuando no inexistente. El Ejecutivo reacciona tarde, mal o nunca frente a una delincuencia que actúa con rapidez y sin escrúpulos. No hay estrategia clara, no hay liderazgo visible, no hay señales firmes de que el problema esté siendo enfrentado con la seriedad que exige.

El riesgo de esta inacción no es solo el incremento de la criminalidad, sino la normalización del caos. Pero un país no puede sostenerse sobre el miedo ni sobre la indiferencia. Recuperar la seguridad es una obligación inmediata.