La reciente decisión del Gobierno de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y, aún más preocupante, convertirlo en un derecho hereditario, ha encendido una vez más las alarmas sobre el rumbo que está tomando la política minera en el país. Esta medida, lejos de promover la tan necesaria formalización del sector, parece institucionalizar la informalidad y perpetuar un sistema que ha sido cómplice de múltiples actos de ilegalidad, violencia y daño ambiental.

Las voces críticas no se han hecho esperar. Especialistas han calificado esta extensión como una “prórroga encubierta”, una medida que “perpetúa la minería ilegal” y “desnaturaliza por completo el proceso de formalización”. Estas no son opiniones menores. Representan una seria advertencia sobre los riesgos de transformar el REINFO en una herramienta política más que en un instrumento técnico de transición hacia la legalidad.

Las protestas también se intensifican. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), a través de su vocero Rohel Sánchez, ha exigido la derogatoria de este reglamento que solo amplía la informalidad en vez de combatirla. En el Congreso, varios parlamentarios han manifestado su rechazo, insistiendo en que la vigencia del REINFO no debe extenderse más allá de junio de 2025, tal como lo establece la ley actual. Sin embargo, la coherencia entre el discurso y las acciones se pone en duda cuando se revelan visitas de al menos 158 mineros informales al Parlamento. ¿Qué se negoció entre pasillos? La ciudadanía merece transparencia.