En plena campaña electoral, el Congreso ha decidido ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026, una medida que revela más cálculo político que convicción institucional. No se trata de una política pública responsable, sino de un claro guiño a un sector que representa un importante bolsón de votos y, según han reconocido algunos parlamentarios, una fuente de financiamiento para candidaturas presidenciales y congresales. Así, una vez más, se sacrifica la institucionalidad y la lucha contra la ilegalidad.

La prórroga del REINFO no impulsa la formalización real, sino que prolonga una ficción que ha servido para encubrir actividades ilícitas. Lejos de ordenar el sector, la norma abre una peligrosa puerta a la criminalidad organizada, al lavado de activos y a la expansión de economías ilegales que operan bajo la sombra de una supuesta transición hacia la legalidad que nunca llega. Este es un serio retroceso en la lucha contra la minería ilegal y un estímulo directo al descontrol y al caos.

Mientras tanto, el presidente José Jerí opta por mirar hacia otro lado. La congresista Diana Gonzales lo resumió con crudeza al cuestionar la eficacia de gestos mediáticos frente a un problema estructural: “¿Qué hacen visitando las cárceles a las cuatro de la mañana si no cortan ese brazo de la criminalidad que está en la minería ilegal?”. La pregunta queda en el aire, como recordatorio de que combatir la delincuencia no se logra con escenografías, sino con decisiones firmes.