Una vez proclamados los resultados de la primera vuelta y la confirmación de que en el balotaje competirán Fuerza Popular y Juntos por el Perú, es evidente que una agrupación, con todos los defectos que pueda tener su candidata y el pasado de su fallecido padre, implica la continuidad del sistema democrático y el modelo económico, mientras que la otra opción es un salto al vacío y la imposición de una dictadura eterna rodeada de miseria.

Rechazar a Juntos por el Perú no significa ser fujimorista. Lo mismo habría que hacer si el candidato rival fuera Rafael López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Carlos Espá o Wolfgang Grozo. Con cualquiera de ellos, con defectos y virtudes, el país no correría el riesgo de acabar como Cuba, Venezuela o Bolivia, y de ver al Estado copado por terroristas y sus afines asolapados.

Lo que plantea Roberto Sánchez desde la izquierda más radical y cavernaria que representa es de terror. Significa el fin de la democracia, de las libertades y de la estabilidad económica. La pobreza sería generalizada, luego de una aparente “época de bonanza” que durará hasta que se acabe la plata. Allí está el caso reciente de Bolivia, que trató exportar un modelo de “éxito” que resultó siendo un fiasco.

No se puede retroceder como pasó con Pedro Castillo o como lo pasaría con Sánchez en el gobierno. Ya no estamos para dictaduras “en nombre del pueblo”, algo que pretendió instaurar el profesor, que es el “ídolo” de Juntos por el Perú. Reiteramos, no se trata de ser fujimorista o no, se trata de defender la supervivencia del Perú como país democrático.

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