El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, está dispuesto a ser la cara visible de la pateadura que este gobierno pretende dar al derecho de los ciudadanos a estar informados, al insistir en presentar un proyecto de ley para sancionar a jueces, fiscales, procuradores y policías que filtren información a los medios sobre investigaciones en curso.

En las últimas horas, el ministro Chero ha insistido en este despropósito que será presentado en breve al Congreso con la evidente finalidad de evitar que se filtren detalles de las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo, sus familiares y su entorno más cercano. ¿O es que acaso el gobierno lanza esta propuesta de ley para preservar la reserva de otros casos? Es evidente que no.

Recordemos que gran parte de los detalles de casos como “Laja Jato” o “Los cuellos blancos del puerto”, fueron conocidos por la ciudadanía a través de filtraciones a los medios que ahora ese gobierno, un evidente enemigo de la libertad de expresión e información, y de la transparencia, trata de evitar bajo pena de prisión eventualmente suspendida.

De este hecho no solo es responsable el presidente Castillo, su premier y el titular de Justicia, sino todos los demás ministros que están aprobando este despropósito. Nunca olvidemos quiénes son.