El viernes 23 de mayo, mientras el ministro del Interior intentaba explicar al pleno del Congreso que la inseguridad ciudadana había decrecido durante su gestión, basado en dudosos indicadores proporcionados por el INEI, a poco más de veinte cuadras de allí se desataba un incendio en el centro comercial Las Malvinas, que ha expuesto crudamente -a costa de la irreparable pérdida de las vidas de dos jóvenes trabajadores informales- el verdadero nivel de inseguridad a la que estamos expuestos los ciudadanos, no solo en Lima, sino también en todo el país.

Y es que la seguridad ciudadana no se agota en el combate, por parte del Estado, de la delincuencia, el pandillaje, el sicariato y el crimen organizado, sino también de la prevención, control y neutralización de eventos imprevisibles (otros, no tanto) como los incendios que afectan tanto propiedad pública o privada de uso particular o público, como es el caso de un centro comercial.

Solo en la gran Lima, en lo que va del año el Cuerpo General de Bomberos ha reportado 20 incendios de variada magnitud, de los cuales uno de los más graves es el ocurrido el 8 de febrero en el centro de rehabilitación Fuente de Agua Viva en Chaclacayo que cobró también la vida de dos indefensas personas.

Pero lo que ha colmado la indignación ciudadana ha sido el patético desfile de autoridades tratando de sostener que ellos sí cumplieron con su trabajo, y que si hay responsabilidad por lo ocurrido será de otros. Si cada organismo hubiera hecho su trabajo, tengan la seguridad de que no estaríamos lamentando tan absurdas muertes. Es dramático decirlo, pero ante este Estado inerme, los ciudadanos estamos indefensos.