La inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la población peruana. El 39.9% identifica la delincuencia y el 15.2% la falta de seguridad entre los problemas más graves del país (INEI-2024). Durante décadas, la Policía Nacional ha sido objeto de experimentos por parte de políticos ideologizados en su intención de controlar y debilitar esta valiosa institución.

Propuestas como dividir la PNPl, la creación de una Policía Municipal, o hasta contratar guardaespaldas para cuidar a los serenos, reflejan desesperación más que ideas para solucionar el problema.

En esencia, no es el sistema el que falla sino las personas y en ese sentido resulta esencial un liderazgo claro en la conducción de la estrategia de seguridad, en la cual los operadores de justicia cumplan cabalmente sus funciones.

La PNP debe priorizar su potencial humano y recursos logísticos para el combate al crimen, realizando una adecuada gestión del conocimiento con una real especialización policial basada en la Prevención, la Investigación y la inteligencia como elementos claves, indelegables y exclusivos.

A partir de ahí urge desarrollar estrategias en estos campos, asumiendo el total de recursos logísticos de los gobiernos locales para optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias, contrarrestar la impunidad mediante el análisis digital de la evidencia fílmica de las cámaras de seguridad, nombrar un jefe policial por distrito, tener estadísticas distritales para medir indicadores y una gestión por resultados.

Es una guerra y como tal requiere el compromiso de todos. No esperemos que sea demasiado tarde para actuar. Como en la lucha contra el terrorismo, recordemos que la razón de ser de las instituciones públicas es servir a la población.