El debate sobre la relación entre diputados y senadores suele enfocarse en criticar su diseño y reglamentos, pasando por alto un factor decisivo: el dimensionamiento de la política desde el Congreso. Una fragmentación atomizada dificulta consensos, alienta el transfuguismo y paraliza las comisiones. Sin una reforma electoral que racionalice la oferta política —mediante mecanismos como distritos uninominales— y promueva mayorías estables, cualquier estructura corre el riesgo de volverse inoperante.

En un primer momento, meses antes de iniciar la bicameralidad, se opinaba que el Senado era un órgano “todopoderoso” y ahora, tras su puesta en marcha, dicen que solo es una “mesa de partes”. Al respecto, cabe decir que el bicameralismo no busca la subordinación de ninguna cámara, sino su equilibrio y mutuo complemento en el procedimiento legislativo. Los diputados orientados por la coyuntura y representación popular, y senadores guiados por la revisión técnica y territorial. Cuando el Senado modifica proyectos respetando su esencia original y propósito, ejerce su función deliberativa. Por eso, reducir esta dinámica a un cálculo de desgaste político degrada la labor legislativa ante la ciudadanía.

Finalmente, ningún reglamento puede prever cada fricción entre cámaras. Corresponde a la clase política construir usos y convenciones parlamentarias para resolver sus controversias y sabemos que no es fácil. Si la prudencia no se impone desde el Congreso, terminará judicializándose ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido, acudir a los jueces para dirimir desacuerdos competenciales no solo distorsiona la justicia constitucional, sino que evidencia la incapacidad para autogobernarse.

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