Esta semana, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe del grupo de trabajo que evaluó el Decreto de Urgencia 015-2020 que modifica la estructura de IMARPE, el cual concluye que dicha norma no cumple con los criterios de urgencia, excepcionalidad, necesidad, transitoriedad y conexidad. En pocas palabras es inconstitucional.
Resulta preocupante que el gobierno no haya tenido en cuenta estos criterios, además de la incongruencia al señalar en la norma que si bien el nuevo presidente ejecutivo de IMARPE será elegido por concurso público, puede ser removido por falta de confianza, con lo que se pone en riesgo su autonomía e independencia ya que estaría sujeto al vaivén político.
En este contexto, lo sucedido tanto con IMARPE como en Osinergmin, parecen ser señales inequívocas de intervención del Gobierno en instituciones técnicas. Ojalá no estemos en lo cierto.
Ante ello, será el nuevo Congreso el llamado a convocar un debate amplio con todos los actores involucrados para el diseño de una nueva Ley del ente científico, la cual asegure transparencia, idoneidad y autonomía.
Por su parte, haría bien el gobierno en convocar a una auditoría internacional para que revise todos los procesos de IMARPE y llegar hasta el final de lo sucedido al interior de la institución cuanto antes. Ello, porque la reputación de este ente técnico -que ha sido reconocido internacionalmente en numerosas ocasiones como ejemplo del buen hacer- ha sido dañada y debe ser repuesta a la brevedad.
