Una frase que se maneja frecuentemente en los últimos días en círculos judiciales es: “Al existir indicios del caso se dicta prisión preventiva por 7 (8, 9, 12 o 36) meses para el inculpado y ampliar las investigaciones...”

La medida es común oírla a cada rato como parte de la administración de justicia que se imparte en el país, en especial en la lucha contra la corrupción que se busca avanzar, que todos respaldan; sin embargo, antes que resultados, hay posibles excesos que atentarían contra el debido derecho de las personas.

Si las autoridades judiciales recurren a la prisión preventiva, lo recomendable es que los procesos iniciados se lleven con celeridad y se dictamine la inocencia o culpabilidad de quien es investigado.

En los últimos tiempos, la ciudadanía fue testigo de la orden de detención preventiva contra tres expresidentes de la República: Ollanta Humala, Alejandro Toledo (prófugo) y ahora Pedro Pablo Kuczynski. Lo mismo le esperaba al desaparecido exmandatario Alan García.

Los indicios de vinculación con actos de corrupción existen, según los fiscales; sin embargo, hasta el momento no se inician los juicios y ante la opinión pública ya tienen el concepto de ser culpables sin un proceso debido.

Las detenciones de Humala y su esposa, como la última de PPK, generaron reacciones encontradas y algunos expertos en el tema consideran, en su mayoría, que existen excesos, y eso debería revisarse para evitar que esto se convierta en una persecución política.