El presidente que elijamos en las próximas semanas y meses no solo se hará cargo de un país que tendrá que ser levantado de la catástrofe sanitaria y económica que nos deja la pandemia de COVID-19, sino que deberá asumir el gran reto de marcar un antes y un después luego de haber sido gobernados durante casi tres décadas por mandatarios que cargan sobre sus hombros graves acusaciones de corrupción.

Tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018, parecía que con la llegada al poder de Martín Vizcarra se volteaba la página de los mandatarios que estaban presos o que se jugaban los descuentos para ir a parar al penal de Barbadillo. Sin embargo, el antes paladín de la lucha contra los corruptos, el aliado y defensor de los miembros del Grupo Especial, mañana podría ser enviado a la cárcel de manera preventiva.

El que parecía el salvador ha terminado hasta peor que sus antecesores, pues las evidencia acopiadas parecen ser contundentes. Caído en desgracia Vizcarra, el hombre delatado por autoinculpados directivos de constructoras corruptoras, nos ha tocado un gobierno de transición y fugaz como el de Francisco Sagasti, quien tendría que actuar como bisagra hasta dejar la posta a quien elijamos el 11 de abril y en la segunda vuelta.

Ese nuevo mandatario tendría que estar libre de cuestionamientos como creímos que lo estarían Kuczynski y Vizcarra. Tras esta última mala experiencia, a partir del 28 de julio, en teoría, todos los escándalos de corrupción que han salpicado a los exgobernantes pasarían a ser cosa del pasado. Ahora, habría que ver si quienes postulan y encabezan las encuestas estarán en condiciones de, en función a sus actuaciones pasadas y futuras, marcar la diferencia con sus antecesores.

El Perú no puede estar siendo gobernado por un corrupto o por un investigado por corrupción con serios indicios de culpabilidad, para más tarde pasar a otro que se encuentre en la misma situación. Merecemos cortar con esa seguidilla de al menos sospechosos que se han sentado en Palacio de Gobierno a llevar las riendas del Perú. Honestidad en la gestión pública es lo que se necesita, comenzando por el propio jefe de Estado.