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Tenemos un país donde el hampa campea, al extremo que alcaldes nuevos como los del Callao y La Victoria son amenazados de muerte ahora que tratan de desarticular las mafias que han encontrado en sus distritos. Por eso, no se entiende por qué hasta el momento el Ministerio Público no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente al crimen organizado, que en la mayoría de casos opera con tentáculos en el propio aparato estatal.

El lunes último, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, dio una entrevista a Correo y señaló que cuentan con dinero para hacer megaoperativos solo hasta mayo, pues los recursos asignados por el Poder Ejecutivo al Ministerio Público, en general, para el 2019, han sido reducidos significativamente. El dinero destinado a financiar las intervenciones a las bandas llega apenas a S/2 millones para este año.

Llama la atención que esto ocurra en un gobierno que le ha declarado la guerra a los corruptos y que incluso ha bautizado al 2019 como el “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”. ¿Así van a caer los delincuentes y sinvergüenzas de la administración pública? Tengamos en cuenta que hemos visto caer, gracias a los famosos megaoperativos, a muchos delincuentes de alto vuelo que habían llegado a ser funcionarios para llenarse los bolsillos.

En este espacio he formulado muchas críticas al accionar del Ministerio Público, ese que se demora en investigar a corruptos y terroristas, deja salir en libertad a asesinos, violadores y extorsionadores, y tiene integrantes a los que les gustan las cámaras y el aplauso. Sin embargo, los megaoperativos vistos en los últimos meses han sido positivos y han permitido romper con mafias que se mueven en los diferentes campos del delito.

Un gobierno que dice fajarse contra el crimen organizado y los corruptos no puede torpedear a un instrumento para combatir estas lacras que operan a nivel nacional. No todo es discurso y promesa. Hay que tomar acciones. Por falta de plata no se puede dejar la cancha libre a bandas que llevan años operando y afectando al Estado, y en especial a los ciudadanos, que son quienes pagamos los platos rotos.