La infraestructura es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico de cualquier nación. En el caso de Perú, sin embargo, la brecha de infraestructura continúa siendo un obstáculo mayúsculo que frena nuestro potencial de crecimiento y mantiene las desigualdades sociales, sobre todo en las regiones más vulnerables del país.

Según estimaciones del 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Perú enfrenta una brecha de S/117 mil millones en el corto plazo y de S/363 mil millones a largo plazo. Estas estimaciones muy probablemente queden cortas cuandoconsideremos los retos y necesidades que el puerto de Chancay demandará a la hacienda pública por infraestructura complementaria para preparar a la ciudad (y país), para la oportunidad que tiene el país de generar industria.

El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, que busca reducir este déficit, ha priorizado 72 proyectos con una inversión de S/146,622 millones. Sin embargo, a noviembre de 2023, solo se ha ejecutado el 17.8% de estos proyectos. Si bien sectores como electricidad han mostrado un notable progreso (92%), otros como ambiente y producción se encuentran paralizados.

La situación se agrava aún más con las cifras recientes de la Contraloría: hasta octubre de 2024, más de 1,800 obras públicas siguen paralizadas, lo que representa una inversión inmovilizada de más de S/24 mil millones en los tres niveles de gobierno. Las principales razones de estas paralizaciones incluyen la falta de financiamiento (19.3%) y los incumplimientos contractuales (15%).

Si la regla es el obstáculo, los errores y las trabas, ¿no cree usted que el problema no es solo de gestión sino del funcionamiento e idoneidad del sistema de gestión de la infraestructura? Es momento que repensemos nuestra forma de gestionar la inversión en infraestructura.