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“Jueza corrupta, el pueblo te respalda”, “Poder Judicial, vergüenza nacional”, “Abajo el Poder Judicial corrupto”, gritaban los seguidores del gobernador regional Vladimir Cerrón hace dos días fuera de la sede de la Corte en Huancayo. Pero eso no fue lo peor. Lo más lamentable fue que autoridades regionales, alcaldes y regidores de Junín coreaban lo mismo a viva voz y con el puño en alto. Sin ninguna duda, es una mala señal.

El anonimato de las masas puede dar un extra de libertad para manifestarse sin tapujos, hasta de forma desaforada. Sin embargo, personajes políticos de la región son fácilmente identificados. Por ello, su actitud irrespetuosa y agresiva contra el Poder Judicial es un mal ejemplo para la población. Es un atentado contra la institucionalidad.

Una jueza dio un fallo condenatorio contra el izquierdista Vladimir Cerrón y en vez de ponerse a derecho, pasó a la clandestinidad. Esté de acuerdo o no, hay que respetar la decisión judicial. Hay que acatar la sentencia y a partir de allí apelar si es que tiene argumentos para que se anule la medida.

En la zona central del país han ocurrido otros casos de autoridades que han hecho caso omiso a pedidos de prisión y prefirieron burlarse de la ley. El expresidente regional de Pasco Klever Meléndez está prófugo desde hace algunos años. Lo mismo ocurre con el exalcalde provincial de Tayacaja, Huancavelica, Moisés Vila. Prófugo también estaba el exalcalde de Chanchamayo, el coreano Hung Won Jung, quien apeló desde su escondite y luego la resolución judicial le fue favorable.

Lo más importante en un país con Estado de derecho es el respeto a sus instituciones. Si no lo cumple una autoridad regional que pretende ser presidente de la República, creemos que no tendrá futuro en la política peruana.