Las expectativas sobre la economía peruana cada vez son más pesimistas. Todas las proyecciones apuntan a un cierre de año negativo. Son tres trimestres consecutivos de contracción, algo que no sucedía desde 1990 (sin contar la pandemia). Es evidente que los sectores de menores ingresos serán los más afectados por esta crisis. Lamentablemente, las medidas implementadas por el Gobierno hasta ahora no parecen ser suficientes para revertir la tendencia. Esta ineficacia del Ejecutivo para resolver un problema, muy álgido para los peruanos, da la sensación que se quedó sin alternativas.

En meses anteriores, los funcionarios del Gobierno negaban la existencia de una recesión, pero hoy en día su postura se ha limitado a culpar a la gestión de Pedro Castillo. Este cambio de tono refleja la gravedad de la situación porque no asumir responsabilidades significa mantenerse como hasta hoy, sin respuestas ante esta realidad económica del país, que es innegablemente desfavorable.

La falta de una estrategia clara por parte de Dina Boluarte y su equipo plantea interrogantes sobre el futuro del país. Parece que lo único que quieren es durar hasta el 2026 como sea y sin importarle lo que le suceda a los peruanos. La preocupación se agrava al considerar que la actual situación se combina con una crisis de inseguridad ciudadana, creando un escenario potencialmente peligroso para la gente.

En este contexto, es imperativo que el Gobierno aborde de manera efectiva los desafíos económicos, adoptando medidas que no solo estabilicen la economía, sino que también promuevan un crecimiento sostenible.