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Los resultados del referéndum, similares a la propuesta del Gobierno de votar “Sí-Sí-Sí-No”, han llevado al presidente Vizcarra a tomarlos como un plebiscito de apoyo a su gestión y a propalar en cadena nacional de TV, el miércoles último, un “anuncio presidencial” con “sabor” a mensaje de 28 de julio, haciendo un balance de la consulta popular que, a nuestro juicio, tuvo más de soberbia y confrontación que de propuesta para trabajar en colaboración con el Congreso en la implementación de las reformas de justicia y política que se han aprobado.

Y es que calificar de “burla”, “trampa” y “maña” lo que constituye el legítimo ejercicio de la función legislativa que constitucionalmente corresponde al Congreso, solo porque no comulga con las propuestas legislativas aprobadas (se refería a la Ley de financiamiento ilícito de partidos políticos y la regulación de la cuestión de confianza), constituye una innecesaria e injusta afrenta al Poder Legislativo, que viene soportando estoicamente sus reiterados embates.

El presidente Vizcarra equivoca su diagnóstico respecto del impacto para el sistema político de las reformas. La prohibición de la reelección de los congresistas, en vez de ser “un gran avance para el fortalecimiento de la democracia”, resulta ser todo lo contrario, aspecto en el que concuerdan casi todos los sectores políticos y académicos. Tampoco resulta coherente lamentarse de la desaprobación ciudadana de la bicameralidad, cuando fue él mismo quien la impulsó.

El anuncio de la conformación de una “Comisión de Alto Nivel de Reforma Política”, compuesta por “líderes y profesionales notables” (¿escogidos por quién?), que abordará la reglamentación del financiamiento de partidos políticos, la inmunidad parlamentaria y el voto preferencial, resulta realmente un “ninguneo” del Congreso. Querrá que sus propuestas sean aprobadas sin debate en el Parlamento, tal como sucedió con los PL que surgieron de la “Comisión Wagner”. ¿Nueva cuestión de confianza?