El sector pesquero hace un importante aporte al fisco ya que además del Impuesto a la Renta y del IGV, realiza aportes adicionales, como el derecho de pesca, utilidades de 10% para los trabajadores, aportes previsionales extraordinarios, pagos por supervisión y fiscalización pesquera, y aportes a Foncopes para la reinserción laboral.

Según un análisis de Ernst & Young, estos aportes o sobrecargas hacen que el sector destine el 50.4% de su utilidad operativa para estos pagos, lo cual resulta superior a las cargas de otras industrias extractivas, que por cierto ya son altas. Es más, en los últimos años estas sobrecargas se han incrementado en casi 300%.

De ahí, la necesidad de reducir estos sobrecostos, pues en el contexto actual – donde debemos sumarle el Coronavirus – la competitividad de este sector está en juego. Así, contrariamente a lo que se piensa, la industria pesquera ni gana mucho ni paga poco.

Es más, hoy la industria se encuentra fuertemente apalancada y con una rentabilidad deteriorada, por el cierre abrupto de la temporada en la zona norte, la no apertura en la zona sur, la falta de ampliación la de cuota del jurel y la inactividad para el desarrollo de la industria atunera.

Una medida que ayudaría a una reducción real de estos sobrecostos está referida al pago del Programa de Control y Vigilancia, el cual debería ser asumido íntegramente por PRODUCE, más aún cuando los derechos de pesca se han incrementado en más del 70%.

Así como una sobrecarga eléctrica puede ocasionar el colapso del sistema, las sobrecargas regulatorias pueden generar que el segundo motor de la economía peruana -que es la pesca- se apague. Quedamos advertidos.