Opinión

Solo atacar

​El Tribunal Constitucional habría tomado su decisión sobre la ley antitránsfugas, que de concretarse cambiaría el escenario político y en especial el Parlamentario. El TC estaría respaldando la plena representatividad de los congresistas y su no sujeción a mandato imperativo. No cae nada bien a los fujimoristas que el TC obligue a modificar el reglamento interno del Congreso, cuya fuerza de ley han usado para imponerse por número, sin que el Ejecutivo tenga la capacidad de ser un contrapeso real. El Congreso no puede desacatar la sentencia del TC, aunque contradiga su voluntad de no debilitar su fuerza parlamentaria, de impedir que alguno salga de su bancada y de disminuir hasta la irrelevancia las atribuciones de representación, fiscalización y legislación de los disidentes.

02 de Septiembre del 2017 - 07:00 María del Pilar Tello

El Tribunal Constitucional habría tomado su decisión sobre la ley antitránsfugas, que de concretarse cambiaría el escenario político y en especial el Parlamentario. El TC estaría respaldando la plena representatividad de los congresistas y su no sujeción a mandato imperativo. No cae nada bien a los fujimoristas que el TC obligue a modificar el reglamento interno del Congreso, cuya fuerza de ley han usado para imponerse por número, sin que el Ejecutivo tenga la capacidad de ser un contrapeso real. El Congreso no puede desacatar la sentencia del TC, aunque contradiga su voluntad de no debilitar su fuerza parlamentaria, de impedir que alguno salga de su bancada y de disminuir hasta la irrelevancia las atribuciones de representación, fiscalización y legislación de los disidentes.

Pretender castigarlos con la marginalidad, reducir al tránsfuga a un paria al que nadie recibe ni tiene en cuenta, es una violación extrema de la libertad de expresión y del libre albedrío de un congresista llegado al Parlamento por votos ciudadanos a cumplir una misión, no para ser condenado al ostracismo.

La sentencia del TC provocará un terremoto en el Congreso respecto de las presidencias de Comisiones, pero sobre todo por la posibilidad de otra bancada “K”, en este caso “kenyista”, que eliminaría la supremacía absoluta del “keikismo”. No pueden desobedecerla a riesgo de violar el Estado de derecho que ellos personifican superlativamente. Bien dice el Art. 45: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. No hay más. 

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