La lucha contra la corrupción tiene que desenvolverse sin cuestionamientos ni dudas. Lo he señalado al referirme al Ministerio Público y a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que muchas veces adoptan acciones controvertidas que echan sombras sobre su trabajo. Están por ejemplo los efectistas pedidos indiscriminados de prisiones preventivas que luego rebotan en el Poder Judicial, y señalamientos como los hechos a José Luis Sardón y Julio Guzmán, ambos en base a nada.

Por estos días vemos que el gran fiscalizador de las acciones del presidente Martín Vizcarra es nada menos que el congresista Edgar Alarcón, un dudoso funcionario que fue echado del cargo máximo en la Contraloría General de la República y que está empapelado hasta el cuello con investigaciones en el Ministerio Público. A eso se suma que pertenece a la agrupación política de un asesino de policías como es Antauro Humala, condenado a 19 años de cárcel.

Sospecho que en este momento son pocos los peruanos que tienen dudas sobre la irregularidad de las acciones cometidas por el jefe del Estado para cubrir el escándalo del empleo dado en el Estado a su inclasificable amigo Richard Cisneros. Es urgente investigar y llegar al fondo del asunto. Sin embargo, ese trabajo no puede estar en manos de un legislador como Alarcón, pues su sola presencia ensombrece el delicado encargo que tiene en sus cierto que la presencia de Alarcón en el Congreso y en la Comisión de Fiscalización es legal. No tiene una sentencia en su contra y formalmente es inocente. Es verdad. Sin embargo, desde la óptica política y hasta ética si se quiere, su permanencia es inconveniente, pues más bien le hace un favor a los investigados, quienes podrían argumentar que las pesquisas en su contra no tienen valor por estar a cargo de un personaje con tantos cuestionamientos.

El congresista Alarcón ha dicho que no va a renunciar a la Comisión de Fiscalización. Esto hubiera sido lo mejor para el país. Ante eso, el propio Poder Legislativo debería hacerlo a un lado, para que un parlamentario más idóneo se haga cargo de las pesquisas en el fuero congresal. Como en el caso de los fiscales, la lucha contra la corrupción es demasiado importante como para que se enturbie por acciones dudosas y personajes para el olvido.