Tanto por nada

La Constitución, en el artículo 97, faculta al Congreso a realizar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Con el tiempo, estas comisiones investigadoras han demostrado ser grandes inversiones de dinero de los contribuyentes, con muy pocos resultados. No han ayudado a clarificar las situaciones investigadas y han aportado poco o nada al Ministerio Público para iniciar y/o acelerar los procesos de justicia. Resulta pertinente recordar el caso de la llamada “Megacomisión”, que investigó al gobierno de Alan García (2006-2011), presidida por Sergio Tejada y que le costó al país S/12 millones y generó un proceso judicial en la Primera Sala Civil de la Corte Suprema, la que anuló todos los informes. Lamentablemente, lo más probable es que la comisión “Lava Jato”, presidida por la congresista Rosa Bartra, y que nos viene costando a todos los peruanos S/6 millones, tenga la misma suerte, pues servirá para abultar más los expedientes que viene manejando una fiscalía colapsada con este proceso.

A estas alturas, los ciudadanos deberíamos estar claros en que estas comisiones y sus resultados buscan destruir el capital político de las personas o partidos rivales, como en el caso del expresidente García. En este caso, la “Megacomisión” no logró afectarlo en temas legales; sin embargo, sí afectó su aprobación y muy posiblemente la de todo su partido: nótese su pequeña representación congresal actual. En el caso de la comisión presidida por la Sra. Rosa Bartra, ni siquiera podemos esperar estos efectos, pues muchos de los 132 imputados, entre ellos Toledo, PPK, Humala y Villarán, tienen ya su aprobaciones por los suelos.

Finalmente, podríamos pensar que estas comisiones ayudan a incrementar el capital político de sus integrantes o del partido al cual lideran. Bueno, en el caso de la “Megacomisión”, claramente no fue así, y en el de la comisión “Lava Jato”, tampoco lo será. En este último caso, porque el resto de las bancadas y posiblemente la opinión pública consideran que las conclusiones no son las correctas, al haber excluido a Keiko Fujimori y a Alan García.

El Congreso debería invertir los recursos de los ciudadanos en desempeñar a conciencia su labor principal -que es legislar- y no buscar notoriedad y la destrucción del rédito político de sus rivales a costa de los impuestos que pagamos todos los peruanos.