Cómo estará de desesperado el presidente Pedro Castillo y todos y cada uno de los ministros que lo secundan, que ni se han preocupado en ser sutiles al momento de aprobar un proyecto de ley con nombre propio que penaliza a jueces, fiscales y abogados que filtren a los medios información sobre las investigaciones que están en curso, algo que sin duda atenta contra el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos en cualquier democracia.

En otras palabras, el mandatario y sus ministros están tratando de modificar el código penal a fin de que se sancione con prisión eventualmente suspendida hasta por cuatro años, a quien filtre información como ha sucedido en casos como Lava Jato, Cuellos Blancos o los que ahora mismo implican al presidente Castillo, nada menos que como cabecilla –según el Ministerio Público– de una red de delincuentes enquistada en el Estado para levantárselo en peso desde la primera semana que llegaron al poder.

Queda claro que desde que de la nada salió a la luz pública, al profesor Castillo y a su entorno jamás le han interesado la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Nunca se ha dignado a firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta tal como lo han hecho todos sus antecesores, no da entrevistas, manda a la policía hasta con escudos a bloquear el trabajo de los medios y no informa de sus actividades públicas para que sean cubiertas.

Sin embargo, el proyecto de ley que sería enviado en breve al Congreso supera cualquier límite de bloqueo de acceso a la información, y todo para que los medios no difundan lo que sus fuentes, como las que existen en cualquier país del mundo, le puedan alcanzar respecto a los casos que implican al jefe de Estado, que este momento está bajo investigación preliminar por un caso que ya tiene al menos a tres prófugos de alto vuelo como Juan Silva, Bruno Pacheco y el sobrinísimo Fray Vásquez.

El presidente Castillo dice que no le teme a las investigaciones, pero por un lado trata de bloquear las pesquisas a través de recursos legalistas por medio de sus abogados y por otro se vale de sus ministros para enviar un proyecto a fin de impedir las filtraciones y hasta sancionar penalmente a cualquiera que se atreva a pasar información a los medios. ¿Así quieren que la gente crea en la supuesta inocencia del profesor? ¿Quién asesora el mandatario? ¿Su peor enemigo?