La instalación del nuevo Congreso bicameral exige reformas que garanticen la gobernabilidad y cesen la inestabilidad de la última década. Primero, debe elevarse a tres el número de gabinetes censurados antes de facultar la disolución de la Cámara de Diputados, para evitar interpretaciones fácticas o el uso de la cuestión de confianza como herramienta de sometimiento contra un Legislativo en minoría; un ajuste necesario para equilibrar las facultades de control y representación.

Segundo, por reciprocidad constitucional, si el Ejecutivo no puede disolver la Cámara de Diputados en su último año (artículo 134 CP), el Parlamento tampoco debería poder vacar al jefe de Estado en ese periodo. Tras ocho presidentes en diez años, la reforma resulta vital para evitar que la “incapacidad moral” se siga utilizando como revancha política o cálculo electoral de último minuto.

Finalmente, la reforma más disruptiva será reducir el mandato presidencial a cuatro años. La debilidad institucional nos muestra que periodos más largos hacen casi inmanejable la crispación política; tomemos en cuenta que la Constitución de 1933 establecía un periodo presidencial de seis años y su fin tras el golpe de estado de 1968. No obstante, la medida debe analizarse con especial prudencia para no afectar proyectos de inversión de largo plazo que deberían formar parte de un acuerdo nacional protegidos de los vaivenes políticos. Nuestro régimen es perfectible, pero requiere un sistema de partidos institucionalizado. La nueva representación bicameral tendrá la oportunidad de discutir estos ajustes y proteger la continuidad democrática de los apetitos autoritarios y la fragmentación parlamentaria.

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