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A cierta barricada en el Congreso de la República le repele el Tribunal Constitucional (TC) porque, dicen sus integrantes, sin haber sido designado por elección popular, termina imponiéndose sobre ellos. Ahora entendemos el motivo de su incomodidad: el máximo ente de justicia les corrige las barbaridades jurídicas.

El congresista aprista Mauricio Mulder es quien más ha petardeado la función del TC. Coincidentemente, es también autor de las modificaciones inconstitucionales enmendadas. Primero, al recortarle la libertad de información al Ejecutivo con la denominada “Ley Mordaza”, y, segundo, al modificar el reglamento del Legislativo sobre la cuestión de confianza.

En ambos casos, el TC corrigió los cambios aprobados por el Parlamento. Pero la reflexión de Ernesto Blume, presidente de dicho organismo público, ha sido la que más ha encajado sobre el accionar de algunos congresistas que, por el poder que les otorga la ley, creen que pueden modificar las normas a su antojo personal o partidario.

“El Congreso ha excedido la facultad que le otorga la Constitución de autonormarse, a través de su reglamento, pues tal atribución es para materias propias de su funcionamiento, no para regular y restringir competencias constitucionales propias del presidente de la República o los ministros de Estado”, indicó ayer Blume ante la prensa.

Hay un principio fundamental en toda democracia, y ese es el equilibrio de poderes. La modificatoria del reglamento recortaba facultades al Ejecutivo, tanto al presidente de la República para elegir a sus ministros, como a estos últimos para volver a ser designados en el gabinete.

Esperamos que el Congreso enmiende el rumbo y se dedique a modificar leyes que ayuden a una mejor convivencia y no a efectuar cambios en beneficio propio.