La atribución del Poder Ejecutivo para solicitar facultades de legislación delegada al Congreso surge durante el periodo de entreguerras, pero tras su abuso se pudo formalizar al final de la Segunda Guerra Mundial y a través de las constituciones modernas de la postguerra que requerían un Ejecutivo lo suficientemente ágil para la reconstrucción y, entre otras novedades, la legislación delegada concedida dio paso del siglo XIX, donde gravitaba el parlamento, al siglo XX signado al fortalecimiento de la administración pública.

El balance de poderes y su mutuo control exigió incorporar suficientes garantías a la legislación delegada para que no se convierte en un “cheque en blanco”. Era necesario que la ley de autorización que la permita contenga al detalle las materias que se confieren al gobierno para legislar, así como el plazo durante el cual podrá ejercer esa función y el control parlamentario posterior de cada uno de los decretos legislativos expedidos.

El pedido temporal de facultades legislativas para resolver problemas inminentes, como el fenómeno El Niño que se aproxima o la crisis de seguridad que afecta a todos, se justifica en la agilidad del Gobierno para movilizar recursos, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Sin embargo, su rapidez debe acompañarse de una fiscalización parlamentaria que evite excesos sobre el marco legal autorizado. A fin de cuentas, la expectativa ciudadana en una democracia funcional se sostiene sobre una premisa: te doy para hacer y controlo lo que hagas.