Estamos viviendo el momento más difícil de nuestro país y de nuestra sociedad, una etapa que pasará a la historia como muy dolorosa. Somos testigos excepcionales y la información que dejaremos son las lecciones de lo que aprendimos, de lo bueno y lo malo que hicimos o dejamos de hacer para proteger la vida como primer derecho humano.

Tan importante como eso, vamos generando la memoria colectiva que debe ser preservada a toda costa.  Pero este gobierno no lo asume como obligación y manipula la información desde la publicidad oficial o de las ayudas económicas a las empresas mediáticas afectadas por la crisis.

Los medios no son iguales a otras empresas, trabajan con la conciencia social y deben guardar independencia de los poderes políticos y económicos para estar en capacidad de denunciar lo denunciable como la malversación de fondos del Estado, o el número falseado de fallecidos o los errores en el manejo de la pandemia y sobre todo no exaltar por consigna liderazgos inexistentes. Tenemos derecho a saber la verdad.

Es inadmisible que el hackeo al diario Expreso, que se esfuerza por dar a conocer disidencias con el pensamiento único y críticas al manejo sanitario y económico, no haya motivado mayores protestas.

Necesitamos conocer los números reales y rechazar las distorsiones y para ello están las libertades de prensa y de expresión que integran el derecho a la información. Pero su defensa ha estado ausente o con volumen inaudible. La democracia deliberativa admite todas las opiniones sin demonizar a críticos o adversarios.

El hacker contra Expreso quiso también destruir dos décadas de su archivo periodístico. Podemos estar en desacuerdo con los contenidos que difunde pero no con su derecho a exponerlos, más aun en tiempos en que personajes ineptos actúan contra nuestro derecho de registrar la historia real y mantener la memoria del riesgo que debemos superar hoy y mañana.