Opinión

​Terroristas en las aulas

382 excarcelados por el delito de terrorismo que se encuentran dictando clases en aulas

19 de Agosto del 2017 - 08:20 Iván Slocovich

Una gran muestra de cómo en el Perú las instituciones no funcionan y las leyes son letra muerta es el hecho de que, en estos días, existan 382 excarcelados por el delito de terrorismo que se encuentran dictando clases en aulas o trabajando como administrativos en colegios, es decir, en contacto directo y diario con cientos de jóvenes y niños de las zonas más pobres del país, a pesar de que está vigente una ley y su reglamento que expresamente lo prohíben.

En teoría, todo docente y administrativo del sector Educación que haya cumplido condena de terrorismo, al igual que los violadores, queda de por vida imposibilitado para volver a trabajar en el magisterio. Con muy buen criterio, acá no se aplica esa “lógica” que señala que quien ya cumplió su sentencia y pagó sus deudas con la sociedad, queda limpio y apto para reintegrarse a la sociedad.

Con motivo de la huelga de docentes que aún no llega a su fin, el Ministerio del Interior ha difundido la información de que 253 excarcelados por terrorismo están trabajando donde no deberían. Esto se debe, en gran parte, a que no existe un registro de condenas que esté al alcance de las direcciones regionales de educación, que son las que se encargan de contratar a los profesores y administrativos, para que puedan verificar los antecedentes de su personal.

Si ya es grave tener a docentes con simples “vínculos” con el Movadef en las aulas y en contacto directo con los escolares, es peor que condenados por terrorismo hagan de profesores y formadores de los futuros ciudadanos. ¿Qué les estarán enseñando a los jóvenes y niños?, ¿Filosofía III, fundamentos sobre el “Pensamiento Gonzalo”? ¿Química I, para armar “coches bombas” con nitrato de amonio y dinamita? ¿Anatomía II, cómo dar “tiros de gracia” en la sien sin margen de error?

El Poder Judicial, el Ministerio de Educación y las direcciones regionales, como partes de un mismo Estado, están en la obligación de coordinar, tener un registro de sentenciados que no existe pese a que la ley dispone su creación, y sacar de inmediato de los colegios a esta gente que podrá dedicarse a cualquier otra cosa para ganarse la vida, pero no a formar ciudadanos. Como país, no podemos seguir actuando con tanta irresponsabilidad.

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