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Es una lástima que Arequipa esté viviendo el conflicto social ocasionado por el desacuerdo respecto al proyecto minero de Tía María. Como siempre, los protagonistas enfrentados son, de un lado, la población, algunas de sus autoridades y líderes; y del otro lado, la empresa minera y el gobierno, casi siempre interesado más en la producción de riqueza que en defender a la agricultura y a la población de una supuesta contaminación y otros daños. Hoy, con el inicio del paro y las protestas, hemos visto liderando la marcha a los congresistas de izquierda, cuyo rol termina siendo confuso y a veces incoherente por más que parezca ideológico. Un largo y complejo conflicto minero hace unos 19 años vivió Piura y la zona agrícola de Tambogrande cuando la empresa Manhattan quiso iniciar la explotación. Como ahora, todos los opositores a la minería se instalaron en la zona y desarrollaron un proceso que terminaría cuando la empresa se fue cansada y convencida de que en esas condiciones de violencia no podrían seguir adelante. Entonces, los opositores también hicieron maletas para trasladarse donde otros conflictos los necesitaran. Lo que realmente ocurrió es que había desaparecido la motivación para las fuentes internacionales proveedoras de recursos económicos para la campaña. Porque el peligro de contaminación seguía siendo el mismo. Se instaló la minería ilegal, que además de no poder ser fiscalizada y sometida a estándares de producción, está acompañada de la delincuencia y prostitución que hoy sufren en Suyo, Las Lomas y alrededores de Tambogrande. Ni las ONG ecologistas ni los congresistas de izquierda han vuelto a la zona para salvar a la población campesina del cianuro y de la delincuencia. Es un modus operandi que se repite en todos los conflictos mineros del país. Ahora es Tía María.