El asilo de Betssy Chávez en la Embajada de México constituye un nuevo fracaso de la Fiscalía. Esta vez, parece que no solo ha sido un tema de incompetencia, como en el caso de la dupla José Domingo Pérez-Rafael Vela Barba, sino que se ha tratado de una grosera complicidad con la ahora prófuga de la justicia.

La cadena de responsabilidades alcanza, principalmente, a la fiscal Galinka Meza, que ya renunció a su cargo, pero habría que ir más allá, y evaluar el nivel de incompetencia de quienes tenían que supervisar entre los fiscales supremos el Caso Golpe de Estado.

Resulta que la primera prisión preventiva de 18 meses contra Chávez Chino venció el 19 de diciembre de 2024, pero Meza presentó recién el 18 de ese mes, un día antes, el pedido de ampliación.

Ante eso, y debido a su carga procesal, el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se allanó a la solicitud el 27 de diciembre. Es decir, Chávez estuvo 8 días en la cárcel sin una decisión judicial que lo avale y el TC concluyó entonces, por mayoría, que la extensión de su prisión preventiva había sido irregular.

Es una nueva falla fiscal que refleja que estamos ante un Ministerio Público inútil, que investiga aportes a las campañas en épocas de cuando no eran delito o que incluye a empresarios inocentes como Ricardo Briceño, o abogados probos como Arsenio Oré Guardia, en pesquisas politizadas y enormemente injustas.

Es una Fiscalía que, en suma, no sabe de sumatorias elementales, inventa tipificaciones, condena a los investigados a procesos interminables y hasta los ayuda a fugar.