Algo tiene que estar mal en nuestra justicia, política y normativa electoral como para que luego de 35 años de ocurrido el asesinato de un periodista en Ayacucho, recién se haya dictado una sentencia contra uno de los responsables, en este caso Daniel Urresti, quien entre el hecho que se le imputa y su condena de 12 años, llegó al grado de general de brigada del Ejército, fue ministro del Interior, congresista, funcionario municipal y candidato a la Presidencia de la República y a la Alcaldía de Lima.
Si para el Poder Judicial el señor Urresti es un asesino y un peligro para la sociedad, cómo es posible que haya estado libre tanto tiempo y ocupando altos cargos en la administración pública. Incluso este personaje, de haber ganado las elecciones generales del 2021, podría ser el presidente en funciones. También podría haber estado al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de no haber perdido por estrecho margen frente a Rafael López Aliaga hace apenas seis meses.
El crimen que la justicia atribuye a Urresti, quien cuando fue asesinado el periodista Bustíos en Ayacucho actuaba como el “capitán Arturo”, sucedió en 1988 y recién hace pocas horas se dio la sentencia contra uno de los responsables. Difícil imaginar el drama de los deudos del hombre de prensa, que por años han luchado contra un sistema judicial indiferente que tiene que ser modificado y agilizado. Ayer, como muestra de su “rapidez”, demoró nueve horas, sí, más de una jornada laboral completa, en la lectura de la condena.
Pero nuestra política y las leyes electorales también tienen que ser objeto de reformas. Por casi 10 años hemos visto a Urresti ocupando cargos públicos y postulando a todos los cargos posibles, a pesar que tenía un proceso pendiente por asesinato, nada menos. Se entiende que respetemos el principio de inocencia, pero tienen que existir candados para evitar la presencia de gente dudosa en elecciones y más tarde quizá en la Presidencia de la República, el Congreso o una municipalidad.
Hay reformas pendientes que sin duda van a beneficiar al país. Sin embargo, nuestro Congreso más anda dedicado a los escándalos de sus miembros o en procesar a los integrantes de la banda que nos gobernó, con Pedro Castillo a la cabeza, que en trabajar para que cada cierto tiempo no tengamos a candidatos prontuariados ni a políticos como José Luna, el líder de Podemos, que se valen de ellos a fin de lograr una cuota de poder y algo de impunidad.
Pero nuestra política y las leyes electorales también tienen que ser objeto de reformas.