Las extorsiones han llegado con un altísimo grado de violencia al sector del transporte público, donde empresarios, choferes, cobradores, llamadores y pasajeros parecen estar en la mira de estos delincuentes que exigen dinero a cambio de no atentar contra las unidades y las personas que trabajan en ellas directa o indirectamente, aparte de los pasajeros.

La semana que pasó se cometió al menos un crimen al día. Aparte, una conocida empresa de transportes en Lima está optando por dejar de circular para no exponerse a estos criminales agrupados en bandas que se disputan a las víctimas, y que entre ellos también se enfrentan por “controlar” a las compañías.

Lamentablemente esta situación no es nueva. Hace casi 15 años comenzó en Trujillo y hasta ahora nadie logra detenerla. Los asesinatos de transportistas que no pagan, y el uso de sicarios para los ajustes de cuentas entre las bandas son cosa de todos los días, pero parece que las autoridades no se dan cuenta.

Alguien debería decirle al ministro del Interior, Juan Santiváñez, que mientras él anda en sus líos políticos y judiciales, la criminalidad avanza, al extremo que quizá dentro de poco, el hecho de subirse a una combi o un ómnibus sea tan peligroso como jugar a la ruleta rusa.