Opinión

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COLUMNA: IVÁN SLOCOVICH

18 de Julio del 2018 - 07:30 IVÁN SLOCOVICH PARDO

Días atrás comenté la brutal agresión que sufrieron en Ancón un grupo de inspectores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), así como policías y un fiscal, mientras realizaban una intervención a vehículos con el fin de combatir la informalidad que genera accidentes y violaciones a las normas de circulación. Señalé que el ataque de un grupo de choferes era una muestra de la falta de respeto a la autoridad del Estado que hay en el país.

Lamentablemente, el desprecio a la autoridad y a las leyes no ha sido todo el problema en este hecho de por sí grave, pues el lunes por la noche el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) denunció en sus redes sociales que el Ministerio Público no gestionó el encarcelamiento de los tres peruanos y tres venezolanos que atacaron con palos y piedras a las autoridades entre las que, irónicamente, se encontraba un fiscal.

Un comentario aparte merece que en el ataque hayan participado tres extranjeros que seguramente fueron acogidos por nuestro país debido a la crisis que viven en sus lugares de origen, sin imaginar que iban a terminar integrando una horda que pisoteó a las autoridades y más tarde fue liberada por esas cosas que solo ocurren en el Perú. Pregunto si no existen los mecanismos legales necesarios para echar del país a estos indeseables.

Y como este hecho ocurre en momentos en que se están iniciando los pasos para realizar cambios profundos en nuestro sistema de justicia tras el escándalo de los audios por todos conocidos, es de esperarse que las medidas que serán anunciadas al país el próximo 28 de julio por el presidente Martín Vizcarra permitan desterrar situaciones como la de estos seis vándalos liberados, que seguramente hoy se están riendo en la cara de los inspectores y policías apaleados.

Si bien el problema ha estallado en las altas esferas del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo que debe buscarse es que al final se logre un sistema de justicia que cubra las expectativas de los ciudadanos de a pie, de los inspectores apaleados por los salvajes de Ancón, de las mujeres agredidas, de los estafados, de los asaltados, de los extorsionados y de todos aquellos que hoy no se sienten amparados por sus jueces y fiscales.

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