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Tanto alcaldes como gobernadores, consejeros y regidores en el presente año han tenido que desempeñar su labor bajo el fantasma de la revocatoria. Varios estuvieron temerosos y preocupados por qué parte de este proceso los implicó en los últimos días.

Según reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fueron 940 los kits adquiridos por ciudadanos para intentar remover de sus cargos a autoridades ediles y regionales elegidas el 5 de octubre del 2014 y al final 26 solicitudes serían las aprobadas para que en junio del próximo se decida su futuro.

Durante el 2016, en localidades donde se presentaron estos procesos se notó cierta zozobra entre los gobernantes, al extremo que debieron de dedicar parte de su gestión en responder a los promotores de la revocatoria, situación que se tornó tensa en localidades pequeñas, afectando el normal desarrollo de actividades de la gestión pública.

La revocatoria es una herramienta democrática para evaluar la gestión de autoridades elegidas mediante votación, empero merece hacerse ciertos ajustes para evitar que se convierta en nefasta y provocadora de inestabilidad institucional, tal como sucedió.

Se han dado casos en que gran parte de los interesados en promover un proceso de estos son quienes perdieron la elección y lo hacen con el único afán de venganza, poniendo trabas en el camino a su contrincante ganador.

La democracia peruana hay que consolidarla y qué mejor con las autoridades ediles y regionales que elige cada localidad para un mandato de 4 años.

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