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La investigación sobre las aparentes coimas en torno a la concesión de la carretera Interoceánica Sur cobra matices extremos con la posibilidad de incluir en la demanda a los directivos de las empresas asociadas y el posible envío de sus representantes a prisión por 18 meses. Se trata de cinco gerentes de las firmas Graña y Montero así como de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), inmersos en presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.Una vez más vemos cómo los tentáculos de la empresa corruptora llegaron a niveles insospechados, no solo en el aparato público sino también en el sector privado; en síntesis, un verdadero escándalo que pone de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema político y el poco control que se ejerció en todas las instancias de gobierno. La lamentable situación se corrobora con el solo hecho de tener a expresidentes del país bajo sospecha de corrupción, lo mismo que a gobernadores regionales y una fila interminable de funcionarios públicos en la misma condición. Nos hemos fijado mucho en la corrupción que caracterizó a los noventa y recién nos damos cuenta de que la historia se repite, una y otra vez a lo largo de casi tres décadas, en las narices de a quienes hemos elegido democráticamente y con aclamación pública. Eso debería ser suficiente para hacernos reflexionar, para tomar en cuenta el enorme poder que tenemos como ciudadanos a fin de exigir sanciones para aquellos que no solo le robaron a las arcas nacionales, sino que traficaron con las expectativas de todo un país.